Secretaría de Derechos Humanos

Derechos humanos y políticas públicas

Las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de las acciones y omisiones que deciden los actores públicos para dar respuesta a un problema definido como público o a transformar algún aspecto de la realidad social en función del interés público, y que constituyen un modo de respuesta consecuente y sostenida en el tiempo. Estas acciones se expresan mediante actos formales institucionales y constituyen la actuación responsable del actor jurídico Estado.  Las políticas públicas son el resultado de procesos políticos en los que los diferentes actores institucionales y sociales, formales e informales, movilizan sus recursos de poder y negocian, para incidir en las decisiones en función de sus intereses o sus proyectos políticos, en el marco de las reglas de juego del Estado de derecho.   


Precisamente, los derechos humanos condicionan el juego del poder entre los diversos actores, colocando el aparato del Estado en función de limitar las pretensiones de dominación o abuso, así como de construir y aportar las prestaciones necesarias para compensar las situaciones de vulnerabilidad. Si el Estado tiene determinadas potestades que le son exclusivas es para garantizar y hacer efectiva en la mayor medida posible los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio. Esa es la justificación que da una razón de ser a esta construcción social que llamamos Estado. Por lo tanto, a partir de los derechos humanos se deriva una racionalidad y unos contenidos y procedimientos a aplicar en las políticas públicas, en tanto éstas son medios para la realización de la dignidad humana de todas las personas.


Existe un amplio consenso sobre la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Pero no siempre hay suficiente claridad con respecto a cómo hacerlo y en muchos casos su incorporación se realiza parcialmente en proyectos o programas dispersos que al contribuir a una fragmentación de la institucionalidad y de las intervenciones estatales termina siendo contraproducente. Esto no quita valor a todos los esfuerzos y avances que se han hecho en el sentido de esta incorporación pero obliga a dotar de una mirada más integral y sistémica al conjunto de la política pública desde el enfoque de derechos humanos y a dar mayor claridad a los aspectos metodológicos de su aplicación a las políticas públicas.


El punto de partida para la incorporación del enfoque de derechos humanos en  las políticas es la construcción de la agenda de los problemas que se relevan como tales porque constituyen situaciones de vulneración o no realización de los derechos humanos. Con respecto a cada derecho deben determinarse los actos que producen lesiones allí donde existe un derecho que consiste en una expectativa de no lesión y las situaciones de no realización allí donde existe un derecho que consiste en una expectativa de prestación. Las obligaciones del Estado en el caso de los derechos que consisten en expectativas de no lesión, son las de respetar el derecho, absteniéndose de causar la lesión, pero también de prevenir que las lesiones ocurran, proteger frente a la posibilidad de que ocurran, hacerlas cesar si ocurrieran y adoptar medidas de reparación incluidas aquellas que constituyan medidas de no repetición. 


Pero las políticas públicas no sólo refieren a la respuesta a la violación de los derechos sino que deben sobre todo proyectarse hacia la realización de los derechos. En lo que refiere a los derechos que configuran expectativas de prestación, deben definirse los contenidos esenciales del derecho y respecto a cada contenido esencial, su umbral de satisfacción. Los contenidos esenciales definen aquellas prestaciones correlativas a los derechos que el Estado debe garantizar a todos. Por ejemplo, son contenidos esenciales del derecho a la salud, el catálogo de prestaciones  que todos los prestadores de servicios de salud deben garantizar y que además deben ser accesibles a todas las personas que los necesiten, independientemente del prestador en el que se atienda. Dado que esas prestaciones son estándares que se corresponden con situaciones específicas que los médicos diagnostican, aquellas personas que no accedan a la prestación correspondiente padeciendo la situación de salud que requiere la prestación, son personas que tienen vulnerado su derecho a la salud y hay una o varias obligaciones del Estado que no están siendo cumplidas. 


Los niveles de satisfacción de cada contenido de no lesión o prestación de todos los derechos son variables que deben ser analizadas en correlación a variables de población y territorio para identificar las situaciones de discriminación y vulnerabilidad.  Pero también estas variables sirven para evaluar la progresiva realización de ese derecho y la progresiva redistribución del acceso en el conjunto de la población. El enfoque de derechos humanos aportará a la política pública la mirada sobre los problemas de no acceso a los contenidos de los derechos y la desigual distribución del acceso según poblaciones, así como la dimensión de las brechas de la desigualdad. 


Esto lleva a identificar problemas que involucran conjuntos de derechos no realizados o vulnerados, interrelacionados entre sí. Corresponde entonces analizar las causas por las que ocurren, identificando condiciones o mecanismos que vuelvan sistemática la vulneración del derecho o el obstáculo para su realización. El análisis de las causas estructurales que vuelven sistemáticas las violaciones de los derechos debe conducir a la construcción de una mirada estratégica articulada que abarque los diferentes ámbitos institucionales involucrados y que realice opciones sobre el uso de los recursos limitados del presupuesto público. Esa mirada estratégica se operacionalizará mediante planes de acción, con objetivos, metas, plazos, acciones, sistema de monitoreo y asignación de presupuesto y de responsabilidades institucionales. Todos estos niveles deben estar correlacionados racionalmente y esto es lo que confiere el enfoque de derechos humanos al conjunto de la política pública. 


El ciclo de construcción de políticas públicas debe culminar con una rendición de cuentas y  una evaluación que retroalimente el diagnóstico.  La evaluación debe realizarse en referencia al conjunto de todos los derechos de todas las personas y en particular en relación a la capacidad de fortalecer a los más vulnerables y a la disponibilidad de recursos. La evaluación debe analizar tanto los procesos como los resultados. La evaluación no debe ser un momento desconectado del resto del proceso, sino por el contrario, fuertemente ajustado a la revisión respecto a los problemas relevados en el diagnóstico evaluando el impacto de las medidas adoptadas en su transformación. Debe evaluarse la existencia y adecuación de la institucionalidad, la ejecución de los planes de acción de acuerdo a los indicadores de seguimiento, la ejecución presupuestal, y los impactos medidos a partir de los indicadores de resultado.