Secretaría de Derechos Humanos

Derechos humanos y sociedad civil

Al hablar de sociedad civil nos referimos a la diversidad de formas asociativas y de organización que se constituyen entre particulares para los más variados fines, desde la defensa de intereses corporativos hasta el desarrollo de proyectos de interés social o para la participación política más allá de los mecanismos electorales y la incidencia en las políticas públicas con fines de aportar a la construcción de la sociedad y a la orientación estratégica de sus procesos. La sociedad civil expresa la riqueza de voluntades que dan vida a la dinámica social y que también con frecuencia entran en conflicto. Pero es precisamente en esos conflictos y su procesamiento que se construyen las políticas públicas. 


El enfoque de derechos humanos aporta a las organizaciones de la sociedad civil un marco desde el cual encontrar un lenguaje y un criterio de justicia común y una herramienta para la incidencia política. Si bien el Estado tiene determinadas prerrogativas para decidir las políticas, estas deben estar en función de la realización de los derechos de todas las personas, de la especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y vulneración de derechos y a la reducción de las brechas de desigualdad. Las organizaciones de la sociedad civil tienen por lo tanto un rol fundamental en el control ciudadano del cumplimiento de las obligaciones del Estado correlativas a los derechos humanos. 


Pero el rol de la sociedad civil trasciende esta función de control, porque en gran medida los movimientos de defensa de los intereses de los más débiles, postergados o vulnerados en su dignidad humana, constituyen el motor de transformación social y de institucionalización del marco ético, político y jurídico de los derechos humanos. Las luchas históricas por el reconocimiento de igual dignidad e igualdad de derechos han tenido en organizaciones de la sociedad civil su principal fuerza instituyente. Por supuesto también sus resistencias. 


La perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad no constituye el punto de partida ya que esté debe ser el de la construcción de la igualdad de derechos y la identificación de los problemas de no realización de derechos. No obstante, el diálogo del Estado con las organizaciones que reivindican derechos de grupos específicos resulta de mucha utilidad para la adopción de un diagnóstico, en la medida en que ayuda a volver visibles fenómenos invisibilizados, a comprender las causas estructurales del problema y a pensar las respuestas pertinentes. Para incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas se debe analizar además, las debilidades del Estado por las que no logra proteger de una lesión o no logra hacer efectiva la satisfacción de niveles esenciales de derechos en todas las personas o producir un avance de realización de derechos. También aquí la mirada crítica de las organizaciones de la sociedad civil ayuda a identificar las carencias y los mecanismos que deben transformarse.


El relacionamiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil constituye una asociación necesaria para el desarrollo del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Los procesos de construcción de las políticas públicas deben ser el resultado de procesos colectivos de deliberación sobre los asuntos públicos, y por ello en los diferentes momentos del proceso de elaboración de las políticas debe habilitarse procesos participativos. Las opiniones planteadas en las instancias consultivas deben ser tomadas en cuenta. La decisión en última instancia continúa siendo una prerrogativa del Estado pero éste debe informar sobre lo planteado en las instancias de participación y de qué forma fue considerado o por qué motivos se decidió de otro modo. El momento de la rendición de cuentas debe tener una particular relevancia ya que vuelve visible la globalidad y la importancia de todo el proceso y de la institucionalidad que lo sustenta. El proceso de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos es al mismo tiempo un proceso de construcción de ciudadanía, que reinstala la centralidad de la política entendida como el ocuparnos colectivamente de los asuntos públicos. 


El enfoque de derechos humanos ordena la discusión sobre cuáles son las condiciones de la dignidad humana que deben ser garantizados a todos. Esta discusión, que es una discusión política, es la que se ha ido respondiendo con las conquistas de las luchas sociales por la dignidad humana, y que aún hoy se sigue discutiendo. Sobre todo, sigue discutiéndose sobre la definición más precisa de cuáles son los contenidos  de cada derecho. ¿Qué es lo que no debe ser lesionado? ¿Cuáles son las prestaciones a las que todos deben acceder? Por ejemplo cuáles son las prestaciones de salud o de seguridad social a las que todas las personas tienen el derecho a acceder. ¿O cuáles son las protecciones a la integridad de las personas? Por ejemplo la extensión que debe tener la jornada laboral o la prohibición de la prostitución. ¿O de la integridad del ambiente? Por ejemplo en las regulación de la contaminación ambiental o la explotación de recursos naturales. En definitiva se trata de decidir si determinados bienes son bienes fundamentales a no ser lesionados o a ser brindados como prestaciones, o si son mercancías. La disputa por definiciones de este tipo es decisiva respecto a qué tan igualitaria o desigual será la sociedad que estamos construyendo.