Ley Nº 19.149 (Ley de Creación)

La Ley Nº 19.149 de Rendición de Cuentas y Balance de ejecución presupuestal ejercicio 2012, crea en sus artículos 67,68 y 69 a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

Artículo 67.- Créase en el Inciso 02 – “Presidencia de la República”, programa 481 “Políticas de Gobierno”, unidad ejecutora 001 “Presidencia de la República y Unidades Dependientes”, la Secretaría de Derechos Humanos. Será el órgano rector del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. En tal carácter, tendrá los cometidos generales de promoción, diseño, supervisión, coordinación, evaluación, seguimiento y difusión de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y, en particular, la coordinación de dichas políticas cuya ejecución permanecerá a cargo de los distintos Incisos.

Artículo 68.- Transfiérese el cargo de particular confianza creado por el artículo 229 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al Inciso 02 – “Presidencia de la República”, unidad ejecutora 001 “Presidencia de la República y Unidades Dependientes”, con la denominación de “Secretario de Derechos Humanos”.

Transfiérense al Inciso 02 – “Presidencia de la República”, programa 481 “Políticas de Gobierno”, unidad ejecutora 001 “Presidencia de la República y Unidades Dependientes”, los cometidos, recursos humanos y materiales afectados a las actividades y dependencias de la Dirección de Derechos Humanos creadas por el artículo 229 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura mantendrá su competencia en materia de ejecución de las políticas de derechos humanos de acuerdo a sus cometidos generales y, en particular, promover la sensibilización y el conocimiento de tales derechos, y la educación en derechos humanos, en todo el sistema educativo nacional, público y privado, formal e informal (literal C del artículo 229 de la Ley Nº 17.930).

Artículo 69.- La Secretaría de Derechos Humanos estará dirigida por un Consejo Directivo integrado por el Secretario de la Presidencia de la República, que lo presidirá, por el Ministro de Relaciones Exteriores, por el Ministro de Educación y Cultura, por el Ministro del Interior y por el Ministro de Desarrollo Social. Los Ministros designados podrán designar en su representación a los correspondientes Subsecretarios.

El Consejo Directivo tendrá por cometido fijar los lineamientos políticos generales a ser aplicados por la Secretaría de Derechos Humanos en su función de rectoría.

En el ejercicio de sus funciones como integrantes del Consejo Directivo, los Ministros de Estado mencionados estarán sometidos al correspondiente control parlamentario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Derechos Humanos, por intermedio del Consejo Directivo y del Poder Ejecutivo, deberá presentar anualmente a la Asamblea General una memoria de su actuación.

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Nuestra misión:

Promover, como órgano rector del Poder Ejecutivo, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, cumpliendo las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación.

Asumir una perspectiva de derechos humanos es comprometerse con la construcción de una sociedad de iguales, una sociedad en la que no hay personas que merezcan privilegios, y en la que todos nos comprometemos no solo a respetar a los otros sino además a ser solidarios, para que cada uno pueda alcanzar con plena autonomía su lugar en el colectivo.

¿Qué son los derechos humanos?

Básicamente, son las expectativas de no ser lesionado o de recibir determinadas prestaciones, que las normas atribuyen a todos por el solo hecho de ser personas. Son las condiciones de la dignidad humana. La razón de existencia del Estado, su fundamento de legitimidad, es, precisamente, garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Es por ello que debe construirse como sistema de garantías de los derechos y en particular que las políticas públicas deben ser concebidas con este fin.

Objetivos centrales:

A fin de poder incidir en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, trabajamos en:

Asistir y apoyar a los agentes estatales en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, así como en la sistematización de las pre existentes.

Promover la difusión y la generación de conocimiento sobre los derechos humanos en el ámbito académico, el Estado y la sociedad civil. Organizar y apoyar jornadas, seminarios y congresos que apuesten al debate académico en derechos humanos.

Contribuir a la capacitación de agentes estatales, de la academia y la sociedad civil, para la participación en las distintas etapas de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Contribuir a la formación de promotores de derechos humanos.

Promover una reforma constitucional sobre la base de un modelo garantista de derechos humanos.

Promover el fortalecimiento de las instancias regionales de coordinación de derechos humanos.

Co-coordinar el seguimiento de las recomendaciones de los órganos de los Tratados.

Promover y fortalecer el diálogo con el sector empresarial para la incorporación del enfoque de derechos humanos en sus prácticas.

¿Qué pensamos?

El punto de partida para la formulación de las políticas públicas es la construcción de un diagnóstico que permita establecer situaciones de vulneración o no realización de los derechos humanos. Para ello debe asociarse cada derecho a contenidos concretos y cada contenido a una obligación asociada y a un agente obligado a cumplirla.

Por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada implica condiciones de tenencia segura, de materialidad, de espacio, de conexión a servicios, entre otras, cuya realización o no realización puede ser evaluada. Sobre esta base, el Estado deberá diseñar políticas tendientes a garantizar el cumplimiento de estas condiciones, junto a los mecanismos de contralor y rendición de cuentas correspondientes.

El diseño y funcionamiento del Estado deben estar basados en la garantía de las condiciones de la dignidad de todas las personas.